DE LA CRISIS DE 1929 A LA II GUERRA MUNDIAL. DE LA II GUERRA MUNDIAL A LA CRISIS DE LA DEUDA. CASO PERÚ

El crack del 29 y la creciente protesta social y juvenil canalizada desde fuera de los partidos tradicionales van propiciar el golpe de estado del general Luis Miguel Sánchez Cerro.

Sánchez Cerro decide dar una salida constitucional a sus pretensiones de ser presidente del gobierno y organiza una nueva fuerza política: la Unión Revolucionaria. Cederá el poder a una Junta de Gobierno que se encargará de llevar a cabo elecciones y poner en marcha el proyecto de una nueva constitución.

En las elecciones de 1931 se enfrentarán dos partidos: Unión Revolucionaria, que tenía un carácter muy conservador antiliberalista y anticomunista y que acabó deviniendo en un partido de carácter fascista; y el Partido Aprista Peruano, fundado y presidido por Haya de la Torre y de carácter socialista democrático y progresista. Ambos partidos van a estar enemistados.

Saldrá elegido el partido de Sánchez Cerro y el Congreso tendrá funciones legislativas y constituyentes. A pocas semanas, la situación va a polarizarse y los parlamentarios apristas serán expulsados del Parlamento y exiliados.

En los años 30 surgen los primeros partidos de masas de las historia política de Perú, en un contexto en el que en Europa aparecían los regímenes totalitarios, se daba una crisis del liberalismo y se impulsaban las reivindicaciones sociales. Se inicia en este momento un proceso de enfrentamiento continuado entre la oligarquía y las fuerzas populares.

En 1933, la nueva Constitución ya está preparada y se promulga. La nueva Carta Política trae innovaciones interesantes, pero el artículo 53 marcará su carácter. Según dicho artículo no se reconoce legalmente a las organizaciones de carácter internacional y sus miembros no pueden ejercer ninguna función política. De esta manera el texto pierde su sentido de garante de la integración social y la convivencia civil, desconociendo los derechos políticos de una gran parte de la población que se organizaba alrededor de las fuerzas de la izquierda.

Los partidos a los que va a afectar especialmente este artículo son el PAP  y el Partido Comunista, que representaban por lo menos el 40% del electorado, ya que ambos tenían un fuerte peso internacional.

Esta situación va a prolongarse hasta 1945, durante las dictaduras de Sánchez Cerro, Benavides y el gobierno autoritario de Manuel Prado.

El espacio democrático se abrió con la formación del Frente Democrático Nacional y la candidatura de Luis Bustamante y Rivero. Sin embargo, la transición democrática no se consolida, ya que, a pesar de haber arrasado en las elecciones, las fuerzas que sustentan al FDN están divididas y hay una fuerte oposición de la derecha oligárquica.

Trece años después de iniciar su gestión un nuevo golpe de estado de Manuel Odría termina con la existencia de esta apertura. Éste convoca elecciones en 1950 para institucionalizar sus pretensiones de gobierno. En ellas, acaba siendo en la práctica el único candidato posible, manteniéndose en el poder hasta el año 1956. El Parlamento carecerá de potestad, los partidos de la oposición serán  y la Constitución de 1933 será reemplazada por Leyes de emergencia y seguridad interior que concentrarán todo el poder en el dictador.

En 1956, sin que el artículo 53 de la Constitución de 1933 se haya derogado, se permite la participación indirecta de las fuerzas ilegalizadas. El APRA  respaldará la candidatura de Manuel Prado que permite la legalización del partido al ser elegido presidente. Otras organizaciones de carácter progresista, guiadas por universitarios y profesionales, respaldarán al líder de Frente de Juventudes, Fernando Belaunde Terry, que obtiene el segundo lugar en las elecciones.

A partir de este momento se dan las condiciones para la aparición de un segundo sistema de partidos. El Partido Aprista puede actuar libremente. El Frente de Juventudes da paso al Partido Acción Popular. El presidente Manuel Prado organiza su propio Movimiento Democrático Peruano. Aparecen nuevos grupos que representan a sectores medios radicalizados, como la Democracia Cristiana, el Movimiento Social Progresista. El Partido Comunista impulsa como frente electoral, el Frente de Liberación Nacional. El ex dictador intenta regresar al gobierno mediante el voto popular y forma la Unión Nacional Odriista.

Los militares vetan al Partido Aprista y el 18 de junio de 1962 hay un golpe de Estado instalándose una Junta Militar de Gobierno que llama elecciones para el año siguiente. Tres partidos se van a disputar la presidencia: Acción popular, el APRA y Unión Nacional Odriista.

Al no llegar ninguno de ellos a la mayoría exigida para gobernar, la elección se resuelve en el Congreso entre los tres candidatos más votados. El PAP cede sus votos a la UNO, mientras Acción Popular denuncia las elecciones por fraudulentas. Fernando Belaunde Terry, líder de Acción Popular, es elegido presidente, mientras que el APRA y la UNO forman una coalición en el Congreso. Se crea una situación de tensión entre fuerzas de carácter conservador y los grupos de izquierdas, que van creciendo.

La estabilidad política y social se hace imposible. La Constitución de 1933 aún sigue vigente. La coalición entre el APRA y la UNO, va a provocar el surgimiento de grupos de izquierdas de carácter marxista.

Además la revolución cubana alienta a los movimientos insurreccionales a toda América Latina. Por otro lado, la guerra fría se siente con fuerza debido al apoyo de los EEUU a cualquier gobierno que frene el avance del comunismo.

Las tensiones políticas, la división interna de los partidos, los movimientos sociales y los acontecimientos económicos son utilizados como pretexto para dar un nuevo golpe militar. Se trata de un pronunciamiento corporativo que permite a los militares tomar el poder durante doce años.

El propósito último será acabar con el régimen oligárquico, aplicando una política económica nacionalista y estatista que expropia a grandes empresas petroleras, mineras, industriales y agrarias. Se crearán unas doscientas empresas públicas y se aprueban mecanismos de participación en la gestión empresarial.

En lo político, el discurso está dirigido contra los partidos políticos, siendo la primera dictadura militar peruana que rechaza de manera consciente el funcionamiento de la representación parlamentaria, no aceptando la existencia del Congreso. Los dirigentes de los partidos, especialmente los de Acción Popular, el ARPA, el PCC y pequeños partidos de izquierdas serán perseguidos, hostigados y marginados de la actividad pública. Se anulará también el derecho ciudadano al sufragio. Las fuerzas políticas democráticas se mantienen en relativa actividad, sobre todo a través de gremios profesionales y sindicatos.

Las presiones sociales y políticas acabarán obligando a los militares a volver a sus cuarteles. Lo harán de manera ordenada y convocarán una Asamblea Constituyente para julio de 1978. Todas las fuerzas democráticas, excepto el partido del derrocado Belaunde Terry, deciden participar en el proceso electoral. El resultado favorecerá al Partido Aprista. Durante un año se debate la nueva Constitución en la Asamblea y se preparan las elecciones de 1980. En agosto de 1979 se promulga la primera Constitución democrática del siglo XX, que reconoce los derechos fundamentales, y que incluye como artículo final una disposición antigolpista de la Constitución Mexicana de 1961.

Este nuevo periodo de la historia de Perú se inició con la gran depresión mundial  iniciada en 1929 y se da por concluida con la crisis de la deuda en el ámbito latinoamericano. Ésta crisis coincidió con una hiperinflación en los años siguientes y con el inicio de las acciones terroristas contra el Estado peruano del grupo político de inspiración maoísta Sendero Luminoso.

Esta etapa es considerada como una era particularmente intensa dentro de la evolución económica ya que en ella se desarrollaron varios de los rasgos que caracterizan a la economía actual del Perú.

Uno de esos rasgos fue el inicio de la “transición demográfica” en el país. Durante los cincuenta años del periodo de estudio la población creció vertiginosamente relocalizándose mediante la inmigración de la sierra a la costa y del campo a la ciudad.

En 1930 Perú era básicamente un país rural, dos terceras partes de su población vivían en pequeñas aleas y comunidades campesinas y solo un tercio vivía en ciudades o pueblos grandes. En 1981 las proporciones se habían invertido y las ciudades aumentaron en densidad demográfica a la vez que se multiplicaban. Esta reestructuración geodemográfica dio pie a los programas de industrialización que habían tenido poco estímulo en las etapas anteriores. Tímidamente en los años cincuenta, durante el segundo gobierno de Manuel Prado, y más abiertamente en los setenta, en el gobierno del general Juan Velasco, se adoptaron políticas de industrialización por sustitución de importaciones, aunque el intento industrialista no tuvo el éxito esperado.

Por otro lado, la migración a las ciudades produjo varios fenómenos económicos y sociales, incluyendo a “informalidad”. Sin la infraestructura productiva y legal para recibir a los nuevos pobladores, que carecían de las condiciones requeridas por los empleadores urbanos y de recursos económicos para adquirir una vivienda, la capital vio crecer a su alrededor las invasiones de terrenos periféricos donde se levantaron barrios que carecían de servicios domiciliarios. Los pobladores de estas zonas llevaban a cabo actividades productivas y comerciales que escapaban a la formalidad esquivando así las cargas fiscales que las gravaban para subsistir con el margen de ganancia obtenido.

Otra característica fue el avance de las comunicaciones en el país, a pesar de que fue inferior en Perú que en otros países latinoamericanos, debido a las complicaciones que presentaba el territorio. Las migraciones mencionadas anteriormente fueron posibles gracias a la construcción de carreteras de penetración que comunicaban las ciudades de la costa con los valles interandinos. A partir de la década de 1920, se vio más prudente efectuar las comunicaciones por carretera que por ferrocarril, al ver en el automóvil un menor costo y mayor maniobrabilidad al ser asequibles a individuos y empresas y no depender de horarios o trasbordos.

En este sentido destaca la línea de carretera que se dibujó paralela a la línea costera, que desplazó al comercio de cabotaje y al movimiento de pasajeros que antes se hacía por mar y que trajo el abandono de algunos puertos.

Se desarrolló también la aviación comercial, que sirvió para enlazar la región de la Amazonia con el resto del país. En los años setenta, la mayoría de las capitales departamentales contaba con un aeropuerto y con un servicio de vuelos regulares a la capital de la República. Esta red de comunicación abrió paso a la colonización de la “selva”, que fue aprovechada por muchos campesinos serranos, que desde los años setenta comenzaron a bajar a los valles de la Yunga fluvial, donde nacieron algunas ciudades. Una de las actividades que iniciaron fue la siembra de cocales que, financiada por los narcotraficantes, llegaría a erguirse como un serio problema nacional a partir de los ochenta.

Por otro lado, se intentó fomentar el turismo a través, no solo de estas redes de comunicaciones, sino también mediante la construcción de hoteles. Machu Picchu comenzó a convertirse en un icono cultural del Perú.

En cuanto a la política estatal hubo importantes novedades. Se instauró, de manera permanente la moneda de papel. La difusión de la monedad de papel vino asociada a la existencia de una banca central que controló y garantizó su emisión. Éste nuevo soporte monetario sirvió para mejorar la monetización de la economía del interior, donde la escasez de moneda metálica en los tiempos pasados había empujado al uso de fichas y monedas febles o a la práctica del trueque.

Los grandes comerciantes de las ciudades monopolizaban el manejo de la moneda al hacer de intermediarios obligados como acopiadores de los productos de los campesinos y proveedores de mercancías modernas. La moneda de papel dio al Estado un gran poder para influir en la economía al centralizar en sus manos la emisión monetaria y hacerla posible sin tener que comprar necesariamente metal precioso. Sin embargo, sobrevinieron diversos episodios de inflación de los precios o depreciaciones de la moneda a causa de los desórdenes en la emisión, que llevaron a aumentar el tipo de cambio.

La creación de nuevos ministerios mejoró el instrumental de manejo de la economía peruana. Hasta 1930, el Estado se había manejado a través de seis ministerios – interior, exterior, hacienda pública, justicia, defensa militar, fomento económico -, desde ese punto su número creció hasta triplicarse.

La atención de la salud y la educación supusieron un incremento del personal del Estado. A pesar de que en números absolutos el personal militar y de policía aumentó, ya no constituían el mayor contingente de empleados públicos, dejando paso a enfermeros y maestros que llegaron a todas las capitales distritales del país. La llegada de la medicina y de la educación fueron factores importantes para la reducción de la mortalidad de la que se habla al inicio.

En la década de 1930 se inició la banca de fomento con la apertura de oficinas estatales de crédito donde se estregaba dinero a los empresarios bajo costo, empezando con los del sector agrícola, por la gran cantidad de empleo que brindaban, y añadiendo más tarde a los mineros e industriales. A pesar de que, sobre el papel, los propósitos de la banca de fomento eran buenos, terminó sirviendo como una forma de premiar a los empresarios amigos del régimen y de sus funcionarios. Las tasas que cobraban eran inferiores que la inflación y sus créditos no llegaban a los empresarios pequeños ni al interior.

Durante la Segunda Guerra Mundial y en las décadas posteriores se fundaron ministerios especializados para regular diversos sectores, tales como los de Agricultura, Industria, Minería, Transportes y Comunicaciones, Construcción y Vivienda. Esta expansión era una muestra de la mayor complejidad adquirida por la economía y de la actitud decidida del Estado para intervenir en ella. Tras la Segunda Guerra Mundial los Gobiernos en el mundo tomaron consciencia de la necesidad de intervenir con más energía en la conducción de la economía. El manejo del tipo de cambio, de la emisión monetaria, del comercio exterior, del apoyo a los sectores productivos y de las condiciones laborales debía ser político y ajustarse a las metas y objetivos favorables al desarrollo nacional, tal como  este fuera entendido por los Gobiernos  y las élites que los conducían.

Perú sintonizó más o menos con esta corriente, pero hubo dos momentos en los que cobró más notoriedad: entre 1945-1948, y entre 1968-1980. Entre estos dos momentos se da un cierto retorno a la política liberal aunque sin abandonar del todo la política intervencionista, al mantenerse en materias como la banca de fomento, el manejo del tipo de cambio y política de comercio exterior.

Esta política controlista también vino dada por las evaluaciones que se hacían de la evolución de la economía peruana bajo los regímenes liberales. Las exportaciones crecían, como ocurrió tras la gran guerra, pero el resto de la economía era sumamente débil, dado su carácter primario. La doctrina de la seguridad nacional determinaba que para que un país pueda garantizar su soberanía debía contar con una industria fuerte, capaz de transformarse en  industria bélica si fuese necesario. Esto implicaba desarrollar la industria siderúrgica y de vehículos. El modelo primario exportador podía producir crecimiento económico, pero no desarrollo.

EL gobierno militar iniciado por Juan Velasco Alvarado representó la materialización de unas nuevas ideas de rechazo hacia ese modelo exportador. Éste desplegó una serie de reformas con el fin de cambiar la composición de la élite  económica de la nación y su estructura productiva. Una reforma agraria reasignó las tierras más productivas, sacándolas de las manos de la oligarquía. Se expropiaron también los yacimientos mineros más importantes, incluidos los de petróleo para ponerlos en manos de empresas nacionales. Se adecuaron los reglamentos de comercio exterior para proteger la industria nacional, penalizando o prohibiendo la entrada de productos que pudieran disminuir sus ventas. La tendencia de moneda extranjera fue monopolizada por el gobierno, quien la entregaba a los particulares en función del interés nacional.

El experimento peruano fracasó a nivel económico, pero sus resultados sociales y políticos son aún materia de debate, ya que sirvieron para modernizar un tejido social caduco.

En general esta etapa combinó modernización y conflicto entre dos maneras de entender la política económica. A pesar de haber iniciado una transición a una economía moderna, la modernización de los ámbitos de la salud la educación y la protección de los trabajadores así como de la población vulnerable fue incompleta o insuficiente.

A raíz del carácter parcial de esa modernización, que en las décadas de 1960-1970 dejaba una parte importante de la población peruana marginada del mercado protegido por el Estado, surgieron debates acerca de cómo dirigir la política económica.

A lo largo del período de 1930 a 1980 se alternaron fórmulas intervencionistas y liberales, sin llegar a alcanzarse un consenso, por la misma dificultad de evaluar los resultados de cada política. Tras la honda crisis de los años ochenta, pareció surgir un consenso en la década siguiente en torno a la conveniencia de adoptar un enfoque más liberal de la política económica. 

Entre 1920 y 1980 la economía peruana estuvo influenciada fuertemente por las condiciones de los mercados internacionales de materias primas y por las políticas macroeconómicas. En períodos de crecimiento de demanda por los productos  de exportación peruanos, el producto bruto interno mostró tasas de crecimiento económico, mientras que en periodos de caída de los términos de intercambio, el producto nacional se estancó o creció a tasas bajas.

Las políticas públicas también son importantes en el fomento del desarrollo económico. Las distorsiones en los mercados y un marco legal que entorpezcan el desarrollo de los negocios tienden a reducir el interés de los inversionistas, afectando negativamente a la economía. Por el contrario, las políticas que fomentan la inversión privada con reglas claras, tienden a acelerar el crecimiento de la economía.

El manejo de las cuentas fiscales es importante para lograr la sostenibilidad del crecimiento económico. La expansión del gasto público puede dinamizar la demanda interna y el crecimiento de la economía, pero si el crecimiento del gasto es desmedido, muy por encima del crecimiento de los ingresos fiscales, el creciente déficit fiscal genera desequilibrios monetarios y externos y una crisis inflacionaria. De hecho, aunque la política fiscal expansiva no genere una crisis inflacionaria en el corto plazo, puede llevar a que el Gobierno no cuente con los recursos necesarios para aplicar una política contracíclica cuando las condiciones externas así lo requieran

También es importante la interacción entre la política y la economía. La aparición  de los sindicatos y los partidos políticos de izquierda fue un factor importante en la modificación paulatina de las políticas económicas desde los años treinta. Así como, las organizaciones campesinas y los grupos guerrilleros. La política de sustitución de importaciones y la reforma agraria fueron el resultado de la mayor preocupación estatal por atender las  demandas de  gran parte de  la población, que sentía que las  políticas públicas no los beneficiaban.

Entre 1930 y 1980 se produjo la crisis final del agro tradicional y se sentaron las bases para la modernización capitalista de la agricultura. En la sierra, la crisis de la hacienda tradicional provocó en parte las migraciones a las ciudades de la costa. Se terminó con la servidumbre que encuadraba las relaciones sociales de la masa indígena y los notables, y se abrió el camino al fin del gamonalismo. Esta crisis de las haciendas, no abrió el camino a la entrega de tierra al campesinado, sino a as empresas asociativas creadas por el gobierno militar con la finalidad de impedir el fraccionamiento de los grandes latifundios. De esta manera, aunque se terminó con los terratenientes, no se atendió a la reivindicación fundamental del campesinado de recuperar sus tierras expropiadas por la expansión de los terratenientes, por lo que las movilizaciones campesinas continuaron tras 1980. Este proceso, a su vez, permitió la extensión de la pequeña y mediana propiedad abriendo un mercado de tierras y sentando las bases para la diversificación productiva.

En la costa, la expropiación de los complejos agroindustriales no solucionó los problemas del agro ni la crisis de productividad. Pero tuvo un efecto positivo en cuanto a la modernización de las relaciones sociales de producción, pasando de las basadas en la extracción de rentas a relaciones capitalistas.

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BIBLIOGRAFÍA

HAYA DE LA TORRE, Agustín: “El sistema de partidos políticos en el Perú y la nueva ley”, en: Investigaciones sociales VIII nº13, Lima, 2004, pp. 207-234.

CONTRERAS, Carlos et all.: “La economía peruana entre la Gran Depresión y el reformismo militar” en: Compendio de historia económica del Perú, Tomo V, Perú, 2014.