LUCES Y SOMBRAS EN EL CRECIMIENTO DE AMÉRICA LATINA. EL CASO DE PERÚ.
El primer sistema de partidos de la República
Aristocrática, acabará siendo destruido por el golpe de Augusto Leguía, uno de
los candidatos del Partido Civil, que temía perder su segunda elección frente a
otro de los candidatos de su propio partido.
La Constitución de 1860 había enmarcado ese sistema de
partidos convirtiéndose en la más longeva de la Historia de la República de
Perú. Los principios de la República Aristocrática se enmarcaban dentro de los
criterios del predominio de la razón sobre la soberanía popular.
La ciudadanía estaba restringida al 2% de la población
mayor de edad. El sufragio se ejercía a través de colegios electorales, y el
escrutinio final estaba a cargo del Congreso de la República. Por lo tanto, el
que controlase dicho congreso tenía asegurado dicho congreso. Los resultados de
las elecciones son algo inverosímiles ya que las mayorías se conseguían entre
el 61.39% y el 98,85% de votos. Las consecuencias de este sistema estuvieron
marcados por vicios como la creación artificial de provincias y la
concentración de la disputa política en el control del Parlamento.
Leguía impondrá una nueva mayoría parlamentaria que
pondrá fin al primer sistema de partidos y ejercerá el poder de forma
autoritaria. El Partido Democrático Reformista será la organización que, creada
por el propio Leguía, le apoyará en el poder. Este partido va a tener un fuerte
carácter personalista. Con la aparición de este régimen dictatorial el juego de
partidos desaparecerá y el Parlamento
pasará a ser un simple apéndice del poder ejecutivo controlado por el dictador.
A parte de acabar con el sistema de partidos, se impulsará el proceso de
modernización y de apertura al capital extranjero.
La Constitución de 1920, realizada por una Asamblea
Constituyente al inicio del mandato del propio Leguía, será modificada dos
veces: una en 1923 para asegurar la reelección del dictador, y otra en 1927
para dar a su mandato un carácter indefinido.
El crack del 29 y la creciente protesta social y
juvenil canalizada desde fuera de los partidos tradicionales van propiciar el
golpe de estado del general Luis Miguel Sánchez Cerro.
Sánchez Cerro decide dar una salida constitucional a
sus pretensiones de ser presidente del gobierno y organiza una nueva fuerza
política: la Unión Revolucionaria. Cederá el poder a una Junta de Gobierno que
se encargará de llevar a cabo elecciones y poner en marcha el proyecto de una
nueva constitución.
En las elecciones de 1931 se enfrentarán dos partidos:
Unión Revolucionaria, que tenía un carácter muy conservador antiliberalista y
anticomunista y que acabó deviniendo en un partido de carácter fascista; y el
Partido Aprista Peruano, fundado y presidido por Haya de la Torre y de carácter
socialista democrático y progresista. Ambos partidos van a estar enemistados.
Saldrá elegido el partido de Sánchez Cerro y el
Congreso tendrá funciones legislativas y constituyentes. A pocas semanas, la
situación va a polarizarse y los parlamentarios apristas serán expulsados del
Parlamento y exiliados.
En los años 30 surgen los primeros partidos de masas
de las historia política de Perú, en un contexto en el que en Europa aparecían
los regímenes totalitarios, se daba una crisis del liberalismo y se impulsaban
las reivindicaciones sociales. Se inicia en este momento un proceso de enfrentamiento
continuado entre la oligarquía y las fuerzas populares.
En 1933, la nueva Constitución ya está preparada y se
promulga. La nueva Carta Política trae innovaciones interesantes, pero el
artículo 53 marcará su carácter. Según dicho artículo no se reconoce legalmente
a las organizaciones de carácter internacional y sus miembros no pueden ejercer
ninguna función política. De esta manera el texto pierde su sentido de garante
de la integración social y la convivencia civil, desconociendo los derechos
políticos de una gran parte de la población que se organizaba alrededor de las
fuerzas de la izquierda.
Los partidos a los que va a afectar especialmente este
artículo son el PAP[1]
y el Partido Comunista, que representaban por lo menos el 40% del electorado,
ya que ambos tenían un fuerte peso internacional.
Esta situación va a prolongarse hasta 1945, durante
las dictaduras de Sánchez Cerro, Benavides y el gobierno autoritario de Manuel
Prado.[2]
Desde la independencia hasta la crisis mundial
iniciada en 1929 hay un lapso temporal de poco más de un siglo. Fue un momento
en el que tuvieron que tomarse las decisiones acerca de la organización
política y económica del nuevo país. La guerra del salitre, desarrollada entre
1879 y 1883, dividió este periodo en dos etapas.
La primera etapa (1821-1883) fue
propiamente de posindependencia. La economía de Perú emergió debilitada tras la
guerra de independencia, que había durado casi veinte años, contando desde las
campañas de Abascal hasta la rendición de los realistas. Los realistas, una vez
vencidos, recibirían los castigos de la ejecución sumaria o el destierro, y la
expropiación de sus bienes y caudales. Quienes escaparon a tiempo, se llevaron
sus capitales, su experiencia empresarial y sus hábitos mercantiles, provocando
la descapitalización y la pérdida de la élite económica.
Ésta se había desarrollado en los
sectores del comercio ultramarino, la agricultura de la costa y la minería de
la sierra, lo que provocó que estos sectores tardaran en recuperarse. El dominio del tráfico comercial en el
Pacífico sudamericano, ejercido por los comerciantes de Lima-Callao se perdió.
La minería entró en crisis alrededor de 1840, pero a finales del XIX se
recuperarían los niveles de producción de la minería metálica.
Tras la guerra, grandes capas de la población
quedarían desempleados y aún armados. Los Gobiernos serán incapaces de imponer
una coerción legítima, que es una condición fundamenta para la acción de un
Gobierno. El bandolerismo se volverá endémico a lo largo de todo el periodo,
complicando aún más las comunicaciones dentro de Perú
Las guerras civiles o las guerras contra países
vecinos se prolongaron lo que desalentó los negocios, sobretodo las inversiones
en minería y agricultura, que dependían de la disponibilidad de los bienes que
utilizaban los ejércitos: hombres, animales y capital.
En la primera mitad del siglo XIX,
la población era escasa y se dispersaba por el territorio. Sin embargo, la
población fue creciendo a lo largo del periodo, lo que fomentó la expansión
demográfica. Dicho incremento, no implicó la urbanización, solo Lima tuvo un
incremento demográfico a lo largo del periodo, y no surgió ninguna ciudad
importante nueva. De hecho sucedió incluso lo contrario en algunas ciudades que
perdieron población.
El aspecto económico que más
atención por parte del Estado recibió fue la cuestión fiscal. Algunos de los mecanismo usados por el Estado
colonial no pudieron mantenerse, por depender del suministro de bienes provenientes
de la antigua metrópoli.
El fenómeno del guano permitió al
Estado financiarse a través de la exportación de este fertilizante natural. La
economía pública creció, pero ésta reposaba sobre la renta percibida desde el
mercado mundial, no sobre las contribuciones entregadas por los ciudadanos.
Durante los años del guano se expandió la burocracia, se robustecieron las
fuerzas armadas y se iniciaron ambiciosas obras para acondicionar el territorio
para el desarrollo del comercio interno y la futura colonización de la
Amazonia.
La falta de planificación, la desorientación producida
por la falta de demanda y la corrupción en el gobierno hicieron que los
proyectos no produjeran el efecto previsto. La deuda pública aumentó. El
Partido Civil intentó reintroducir el impuesto como canal de ingreso fiscal
para disminuir la dependencia del guano.
Los civilistas acabaron organizando
estancos, incluido el del salitre. La guerra estalló resolviendo el dilema
estanco-impuesto, aunque de manera hostil. Chile se quedó con los recursos
estancados por el Estado peruano, obligándolo a volver la mirada hacia los
impuestos.
La segunda etapa (1883-1930) emergía
de esta manera también de una guerra y de los problemas derivados de la pérdida
de riqueza y legitimidad política por parte de la clase gobernante.
A pesar de las similitudes que hay
entre el comienzo de la primera etapa y el de la segunda, al comienzo de esta
última no desaparecieron las élites económicas como sí había sucedido en la
primera. Durante la época de bonanza del guano el país atrajo a inmigrantes
europeos y americanos que serían la clave para una relativamente rápida
reconstrucción de la economía en los últimos años del siglo XIX. Además
existían los partidos políticos, cuyos integrantes podían funcionar como
canales entre las demandas de los empresarios y la labor administrativa del
Gobierno.
La importancia de las
infraestructuras llevadas a cabo durante los años de guano resultó útil para la
reconstrucción. De un lado las infraestructuras físicas, como las líneas de
ferrocarril que unían los puertos con las minas y las tierras del interior. De
otro lado las infraestructuras institucionales, cuya máxima expresión se ve
reflejada en una inestable Constitución de 1860. En esta carta de carácter
“liberal” basó su ideario político el Partido Constitucional, así como en leyes
que fomentaran un rápido acceso a las minas, aunque excluyendo a las mayorías
indígenas.
Entre 1885 y 1900 se llevaron a cabo
importantes reformas administrativas que supusieron un profundo rediseño de la
política tributaria, monetaria y de gobierno territorial. Esto supuso un
crecimiento económico importante durante los siguientes treinta años. Se
articuló un régimen tributario basado en la práctica del impuesto indirecto,
que era más sencillo de cobrar y que para la clase propietaria tenían el
atractivo de no tocar sus ganancias. En cuanto al régimen monetario se siguió
la estela británica del patrón oro, que le daba mayor estabilidad a la moneda,
aunque era demasiado rígido para jugar con las ventajas de la devaluación para
el comercio exterior. Con respecto a lo
territorial se llevó a cabo una política de descentralización moderada, dando a
las oligarquías locales autonomía frente al gobierno central.
También se llevó a cabo un
relanzamiento de las exportaciones (azucar, algodón, cobre, plata, petróleo,
caucho y lanas). El Estado procuró facilitar el uso de la tierra para la
agricultura comercial, combatiendo los regímenes de propiedad y el
financiamiento del antiguo régimen, subsistentes hasta finales del siglo XIX.
La industria manufacturera no estuvo ausente durante
el primer ciclo de este “renacimiento” económico. Sin embargo, iba quedando
claro que la industria iba se rezagaba en el crecimiento de la producción,
frente a las grandes exportaciones agrícolas y mineras. Este atraso se vio
también en las exportaciones del caucho y la lana provocados por errores en la
política de concesión de los recursos naturales y el manejo de la mano de obra.
Estos productos no pudieron competir en el mercado internacional de materias primas.
La detención del impulso de la industria manufacturera
fue provocada, entre otras cosas, por la vigencia de una estructura social
relativamente cerrada heredada de la época colonial. Un siglo después de la
emancipación la mayoría de la población vivía fuera de una economía de mercado
y dentro de una economía campesina de autosuficiencia. Esta economía era de
baja productividad, dada la mala calidad de las tierras y los pastos y la
ausencia de renovación tecnológica. Además las comunidades aldeanas estaban
alejadas de las ciudades y privadas de caminos, escuelas, policía y energía
eléctrica.
Algunos de los intelectuales de la época comprendieron
el perfil excluyente de la sociedad peruana. La solución para el “problema
indígena” se vio en la expansión de la educación y de salubridad. Estas medidas
requerían de un sustancial aumento de los ingresos fiscales y un fortalecimiento
del aparato del Estado, que no podía conseguirse a corto plazo. A esto se
enfrentaría la clase exportadora, de cuyas ganancias tendrían que salir los
principales ingresos fiscales. En los años veinte se añadió a este plan la
construcción de carreteras que pudieran aproximar a los pueblos del interior al
comercio y a la civilización, lo que acrecentaba cada vez más el ingreso de
recursos estatales.
El gobierno del oncenio leguiísta echó mano de los
préstamos de bancas extranjeras y de formas de tributación arcaicas, como las
prestaciones laborales campesinas bajo la llamada Ley de Conscripción vial, con
el fin de acelerar las obras públicas y reducir costes, evitando la
confrontación con los exportadores, entre los que figuraban poderosas empresas
inglesas y norteamericanas.
En este contexto estalló la crisis mundial de 1929,
que provocó – en lo inmediato – la caída de las importaciones y de los ingresos
fiscales y la insatisfacción de las nuevas clases medias y populares.[3]
Entre las décadas de 1930 y 1940, la percepción de
Perú como país con suficientes recursos pero con escasa mano de obra fue
cambiando paulatinamente. El problema de la ausencia de mano de obra se había
intentado solucionar a principios del siglo XX a través de la inmigración, sin embargo,
las opiniones antiasiáticos y los sucesivos fracasos ocasionaron el abandono de
esta política.
A partir de las primeras décadas del siglo XX la
demografía comenzó a recuperarse lo que se vio como un beneficio por sus
efectos en la producción. Fue en este punto en el que las percepciones de aquel
Perú despoblado comenzaron a variar por dos hechos; primero, la crisis de 1929, que afectó seriamente a los
exportadores que dejaron de demandar mano de obra; segundo, la ruptura del
equilibrio población-tierra. El aumento de población y la ausencia de tierras
provocaron una saturación que comenzó a proletarizar a parte de la población.
El excedente demográfico emigró especialmente a la costa.[4]
La economía peruana desde 1840 se ha consolidado sobre
economías exportadoras que descuidaron el desarrollo de un mercado interno y el
bienestar general. Si empresas como IPC o Cerro de Pasco controlaban buena
parte de las exportaciones, los beneficios, en términos de la generación
autónoma de capital o los encadenamientos internos, eran poco aparentes. El
Estado podría haber cumplido una función promotora o redistribuidora en el
proceso del desarrollo nacional, equilibrando las ganancias del sector
exportador. Éste no fue el caso de Perú.
Los únicos sectores que pudieron haber desarrollado la
economía interna fueron la minería no metálica, la industria manufacturera o el
sector de la construcción, que se expandió enormemente entre 1990 y 1930, al
crecer la ciudad de Lima. [5]
El desarrollo industrial necesita de una inversión
constante de capital y mano de obra, recursos que Perú no logró consolidar a lo
largo del siglo XIX y principios del XX. En las primeras décadas de la
República la inestabilidad política, la ausencia de una red de caminos y de un
marco jurídico adecuado dificultaron incluso la exportación de materias primas.
Los medianos comerciantes regionales podían utilizar a
su favor, de esta manera, la posesión de circulante para monopolizar el crédito
a pequeña escala, otorgándoles cierta ventaja económica frente a campesinos y
mineros. En este contexto la industria se redujo a la producción a pequeña
escala de jabones y telares en los obrajes. Aún así se desarrollaron circuitos
mercantiles que abarcaban diferentes regiones sobre la base de dos productos de
consumo importantes: la hoja de coca y el aguardiente.
A mediados del siglo XIX el mayor estímulo de la
demanda interna estaba representado por el aumento de gasto estatal en
burocracia civil y militar y en
infraestructura ferroviaria y marítima. Esto promovió el desarrollo de una
industria de bienes de consumo en la ciudad de Lima y en Cuzco principalmente,
creándose fábricas como “Tres amigos”, que reabrieron el debate sobre la
protección de las industrias nacientes. Mientras esto ocurría aparecieron
empresas de golosinas, fideos y cerveza de inmigrantes europeos.
Los límites del desarrollo industrial se encontraban
en la competencia de los productos importados y en la falta de fluidez de las
transacciones comerciales debido a la ausencia de un sistema monetario
coherente y un sistema de crédito que permitiera el acceso al capital necesario
para mejorar las fábricas.
El sistema financiero durante el periodo del guano no
funcionó como ente que articulaba la circulación de capital entre los sectores productivos,
sino que se concentró en los préstamos al Estado peruano. Esta especialización
llevó a la quiebra a la primera experiencia de banca libre de Perú, dejando el
crédito para la producción y el consumo en manos de casas comerciales
extranjeras.
Estas empresas organizaron negocios de importación
importantes de bienes de consumo y de capital a partir de una red mercantil
basada en comerciantes mayoristas y minoristas. Esta red se basó en la
habilitación y el enganche, frenando así cualquier posibilidad de formarse un
mercado laboral.
La crisis financiera y política tras la guerra del
Pacífico consolidó las redes mercantiles creadas por las casas comerciales como
los agentes más importantes del mercado peruano. Tres fenómenos marcaron la
nueva época: la diversificación de las exportaciones, la estabilidad
institucional burocrática y financiera y la devaluación de la moneda de plata.
Éstas contribuyeron a la formación del primer proceso de industrialización liado
a un mercado interno en Perú, demostrando la posibilidad de desarrollo autónomo.
El sector textil de algodón y lana fue el que más se
desarrolló y permitió modestos desarrollos regionales. Al necesitar fuentes de
energía para sus telares, las empresas textiles, tanto en Lima como en Cuzco,
fueron responsables de la formación de compañías eléctricas. Además estaban
amparadas por la protección que le ofrecía el tipo de cambio al producir uno de
los productos que más se importaban. Este proceso tuvo dos limitaciones:
1.
El poco desarrollo del mercado laboral,
debido a la competencia de la minería y la agroexplotación, ya que la demanda industrial por trabajadores
era menor y era subsanada por mujeres. Al no existir un mercado laboral
extendido u libre era difícil contar con un amplio número de consumidores a
nivel local.
2.
La ausencia de la capacidad del sector
industrial para captar la reinversión de los recursos generados por las
exportaciones. Se debía consolidar un sistema financiero diversificado, pero
los banqueros estaban más interesados en invertir en el comercio importador, en
el crédito hipotecario urbano y en lograr la estabilidad monetaria que les
permitiera atraer inversiones del capital financiero internacional.
La especialización del capital financiero en créditos
hipotecarios primero, y en el sector agroexportador, después, impidió que
llegaran capitales a la industria en un momento en que la coyuntura del
comercio exterior no le era favorable.
Al final, lo que ocurrió en las principales ramas del
sector fue un proceso de concentración
del capital, del
cual se beneficiaron
las empresas que
eran propiedad de una
casa comercial o cuyos dueños eran miembros de los directorios de los bancos y,
por tanto, tenían aseguradas las líneas de crédito. El nuevo impulso al
fortalecimiento de un mercado interno fue dirigido por el Estado, a partir de
la segunda mitad de la década de los años treinta, por medio de la construcción
de un sistema de carreteras y la instauración de una banca de fomento y de un
sistema de salud; sin embargo, el nuevo impulso para el desarrollo industrial
interno vendría nuevamente en los años cincuenta de la mano de un nuevo boom
exportador.[6]
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BIBLIOGRAFÍA
Ø HAYA
DE LA TORRE, Agustín: “El sistema de partidos políticos en el Perú y la nueva
ley”, en: Investigaciones sociales
VIII nº13, Lima, 2004, pp. 207-234.
Ø CONTRERAS,
Carlos et all.: “Economía de la primera centuria” en: Compendio de historia económica del Perú, Tomo IV, Perú, 2011.
[1]
Partido Aprista Peruano.
[2]
HAYA DE LA TORRE, 2004, pp.209-211.
[3]
CONTRERAS, 2011 pp. 17.
[4]
CONTRERAS, 2011 pp 85-86
[5]
CONTRERAS, 2011 pp 227
[6]
CONTRERAS, 2011 pp 295-297
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