LA DÉCADA PERDIDA. LOS AÑOS OCHENTA EN PERÚ.
A partir de la segunda mitad de los años 70, la
economía peruana entra en un periodo de crisis, concluyendo una etapa te rápido
crecimiento, apoyado por el dinamismo de las exportaciones de los 50 y los 60 y
el primer impulso del proceso de sustitución de las importaciones. Desde 1977
se acentúa la inestabilidad económica, sucediéndose varias recesiones con
breves periodos de expansión. El inicio de la crisis de los 80 es más temprana
en Perú que en la mayor parte de América Latina.
A partir de 1979 se inicia la recuperación de la crisis de
1977-1978, impulsado por el restablecimiento de los términos del intercambio,
una ampliación del volumen de exportaciones y un incremento de la inversión
pública y privada, por lo que se pudo registrar una mejora en el sector externo
y en las cuentas fiscales.
En este momento se inicia un cambio
de estrategia, impulsándose una mayor apertura económica y un menor grado de
intervención estatal. Éstas se llevaron a cabo entre 1980 y 1982, durante el
gobierno de Belaúnde. Se planteaba ampliar el sector exportador a través de la
inversión extranjera y el endeudamiento externo, y alimentar la eficiencia de
la actividad manufacturera y el desarrollo de la exportación no tradicional a
través de la liberación arancelaria y la desprotección industrial. También se
incrementaron los niveles de gasto corriente y la inversión en el sector
público, al mismo tiempo que se sobrevaluaba la moneda nacional, en el momento
en que se liberalizaban las importaciones, para controlar así las presiones
inflacionistas.
De esta manera, se priorizaba el
incremento del consumo a corto plazo, basándose en que el crédito externo
podría apoyar la balanza de pagos hasta que madurasen estas inversiones. No se
pusieron en práctica, por tanto, políticas coherentes de ajuste estructural, al
centrarse en el beneficio a corto plazo y no sentar las bases de un crecimiento
económico a medio plazo.
Se incrementaron las importaciones
como consecuencia de la acumulación de presiones de importación contenidas en
los años 70 por las prohibiciones vigentes, del rápido incremento de las
inversiones públicas y privadas y de la sustitución de productos nacionales por
importados, estimulada por la política de sobrevaluación y de liberalización
del comercio exterior, que ejercieron un efecto negativo sobre el nivel de
actividad industrial.
La situación del sector externo se complicó en 1981-1982 por el deterioro de las cotizaciones
internacionales de las exportaciones peruanas, debido a la recesión internacional
de inicios de los
'80. En 1981 se realizó un
pre-pago de la deuda externa por 370.000.000$, para mejorar la imagen exterior
y captar mayores flujos de recursos externos.
Al estallar la crisis internacional de la deuda los términos
del intercambio disminuyeron en un 32% entre 1980 y 1982. El pequeño incremento
de la exportación no pudo contrarrestar esta tendencia y se redujo. La balanza
comercial se tornaba de esta manera negativa, agravándose el desequilibrio en
cuenta corriente.
El déficit no pudo ser financiado con ingresos de
capital a largo plazo, generándose una pérdida de reservas en 1981, que en 1982
pudo evitarse por un incremento de los desembolsos de crédito a largo plazo y
por el alto nivel de endeudamiento a corto plazo. La crisis internacional de la
deuda determinó que no pudiera perpetuarse esta estrategia, ya que no se podían
captar los recursos necesarios para financiar el déficit externo.
El Gobierno de Belaúnde se vio obligado a adoptar una
política de estabilización para afrontar los problemas del sector externo. Las medidas adoptadas incluían: la aceleración
de la devaluación, para elevar el tipo de cambio, alentando a las exportaciones
y desincentivando las importaciones; la restricción del crédito al sector
privado, para moderar la demanda interna; la imposición de una política
salarial más restrictiva; la elevación de los precios y las tarifas de las
empresas públicas; y la disminución de la inversión pública. Estas medidas
tuvieron un impacto negativo en el nivel de actividad económica. La crisis fue
agravada por los desastres naturales generados por la Corriente del Niño en
1983.
En este contexto de recesión se agravó el desempleo y
el subempleo, acumulándose un conjunto de reivindicaciones que ejercían una
gran influencia en el gobierno aprista. En 1985 el gobierno de Belaúnde
concluye dejando de herencia una economía que ha superado coyunturalmente su
desequilibrio externo y fiscal a costa de una profunda recesión y de un fuerte
crecimiento de la inflación. Al mismo tiempo, el aparato productivo dispone de una importante
capacidad instalada no utilizada y de considerables reservas de divisas. Sin
embargo, desde 1984 se han acumulado importantes retrasos en el servicio de la
deuda externa, que apuntan a la necesidad de una negociación global con los
acreedores externos.
El gobierno aprista (1985-1989) adoptó una política
económica que, privilegiando la reactivación a corto plazo, sentaría las bases
para ingresar en una etapa de inversión y ampliación de las exportaciones. Sin
embargo, no se desarrolló una estrategia de crecimiento a medio plazo, capaz de
racionalizar el manejo de la inversión pública y de ofrecer un marco de
estabilidad al manejo macroeconómico y la concentración con los principales
agentes productivos.
Las medidas tomadas desde agosto de 1985 a diciembre
de 1986 incluyeron: el incremento de las remuneraciones y del empleo; la
reducción de impuestos y el congelamiento de los precios de las empresas
públicas, la estabilización de las tasas de cambio; el control de precios; la
reducción de los intereses; y la limitación de los pagos de la deuda externa.
A pesar de los valores más o menos positivos, a
finales de 1986 comenzaron a mostrarse los primeros síntomas de las
dificultades económicas generadas por la política expansionista adoptada. Se
presentó una tendencia al desequilibrio externo impulsado por el incremento de las importaciones derivado
de la reactivación y de la reducción del tipo de cambio real, que coincidió con
un descenso de las exportaciones generado por el deterioro de los términos del intercambio.
Así en los primeros meses de 1987 comenzó el debate
sobre la política económica a adoptar. El Gobierno de García optó, motivado por
sus tendencias populistas, por mantener el crecimiento y controlar los
desequilibrios con un mayor nivel de intervención del Estado en la economía,
dando algunas ventajas a corto plazo.
De esta manera, se perpetuó la política de estimular
la demanda mediante el incremento de las remuneraciones y el empleo y la
ampliación del déficit fiscal del sector público. Se intentó contener el
desequilibrio externo y la inflación mediante controles en la importación y en
los precios, en la generalización de los subsidios y en el mantenimiento de una
paridad sobrevaluada. Desde el segundo trimestre de 1987 la presión en el
mercado de cambio paralelo aumentó, a la par que el diferencial con la tasa
oficial, alimentándose las expectativas inflacionarias. Se intentó estimular la
inversión privada por medio de la concentración con los grupos empresariales
más significativos.
Dentro de este contexto el Gobierno de García planteó
la estabilidad del sistema financiero. Sin embargo, frente a las expectativas
iniciales, se generó una gran resistencia a esta medida, especialmente dentro
de los sectores de ingresos medios y altos. Entonces se deterioraron las
relaciones del régimen con los sectores empresariales nacionales, E
mantenimiento de la orientación expansionista de la política económica permitió
que el PBI registrase un crecimiento del 6,9% en 1987, basado en el dinamismo
de la industria, la construcción y la agricultura, sectores estimulados por el
crecimiento del consumo y la inversión privada.
A finales de 1987 se acumularon graves problemas que
hacían inviable mantener la política adoptada. Se llegó a la plena utilización
de la capacidad instalada en ciertos sectores críticos, como la industria
básica de propiedad estatal, generándose la escasez y difundiéndose el mercado
negro. Como reflejo del dinamismo de la economía y de la sobrevaluación de la
moneda nacional las importaciones se incrementaron en un 18,2%, y las exportaciones se mantuvieron en un
nivel bajo, debido al deterioro de los términos de intercambio. El déficit
comercial y de servicios resultante generó una fuerte pérdida de reservas.
Se incrementó el déficit del sector público, por la
caída de la presión tributaria y de los precios reales de las empresas públicas,
a pesar dela reducción de inversión estatal. La mayor parte del desequilibrio
tuvo que ser cubierto con financiamiento interno ejerciendo un claro impacto
inflacionario. El mantenimiento de los controles de precios y de las tasas de
interés gravó la distorsión de los precios relativos y acentuó la represión
financiera.
Se agravó el aislacionismo del país frente a los
mercados financieros internacionales, sin que el Gobierno planteara una
estrategia a medio y largo plazo en este ámbito. La reducción de las corrientes
de financiamiento internacional afectó al gasto de capital del sector público,
que mostraba una fuerte dependencia de la tecnología y del financiamiento
externo.
Estos desequilibrios acabaron forzando al gobierno a
modificar su política económica a finales de 1987. Se intentó mantener la base social del régimen
a través de un “crecimiento selectivo”, apuntando a la expansión de los
sectores prioritarios, para asegurarles el acceso al crédito y las divisas, y
por la contracción del resto del aparato productivo.
Este sistema representaba, por tanto una respuesta política,
más que una táctica económica coherente y viable. Una vez más estas medidas
tendieron a agravar la situación al postergar el ajuste y multiplicar los tipos
de cambio y los controles, profundizar el déficit fiscal, acentuar la represión
financiera y mantener la pérdida de reservas, estimulando la fuga de capital y
el alza de la cotización del dólar en el mercado libre.
En septiembre de 1988 se aprobó una reorientación
fundamental de la política económica adoptándose una orientación
estabilizadora, pero con un enfoque gradualista e inconsistente. No se
planteaba una adecuada perspectiva en el enfrentamiento de ciertos
desequilibrios coyunturales básicos, como la reducción del déficit del sector
público y la corrección de los desequilibrios en los precios relativos. Faltaba
una integración del manejo coyuntural con perspectivas de medio y largo plazo,
que hubiera permitido el establecimiento de acuerdos de inversión con el
capital extranjero y la renegociación de la deuda externa, para estimular el
crecimiento de las exportaciones a medio plazo.
Dentro de las medidas destacan la devaluación y
unificación del tipo de cambio, la reducción de los subsidios y el incremento
de los precios de las empresas públicas, el alza de los impuestos , la
elevación de las tasas de interés y una política de restricción salarial y la
flexibilización del control de precios. La orientación de las medidas apuntaba
al restablecimiento del equilibrio externo y el saneamiento del déficit del
sector público.
Sin embargo, las medidas adoptadas no pudieron
enfrentar eficazmente todos los desequilibrios existentes, dilatándose el
período y los costos del ajuste. El Gobierno tendía a moderar los incrementos
de precios necesarios por temor a las repercusiones sociales y políticas de una
política de shock plenamente coherente que hubiera corregido en un corto plazo
los desbalances en los precios relativos y en las finanzas del sector público. Por lo que se adoptaron
reajustes parciales a finales de 1988 y principios de 1989. Pero esta reorientación
tuvo una repercusión recesiva. El PBI descendió en 8,8% en 1988, y la industria
y la construcción resultaron especialmente afectadas por la compresión del
mercado interno, mientras que los niveles de producción de la minería se
redujeron por efecto de las paralizaciones laborales.
La recesión se profundizó en la primera mitad de 1989,
registrándose una disminución del PBI del 22,8%. La contracción se mantuvo con
intensidad especialmente en los sectores ligados al mercado interno, cayendo
los niveles de producción de la industria y a construcción.
Las causas del colapso del mercado interno se
encuentran en tres factores principales: la caída del poder adquisitivo de las
remuneraciones reales y del empleo; la reducción del gasto fiscal; y la contracción
del sector privado.
La hiperinflación ha sido el factor detonante de las
causas mencionadas. Al reducirse el volumen de la actividad productiva y
corregirse parcialmente las distorsiones cambiarias, las importaciones
registraron una fuerte caída pasando de 223.000.000 $ a 167.000.000 $, mientras
que las exportaciones pasaron de 224.000.000$ a 292.000.000$. Como
consecuencia, la balanza de pagos comenzó a mostrar una posición superavitaria.
Esta
política generó un restablecimiento temporal del sector externo, pero sin
eliminar el desequilibrio en el sector público y corregir las graves
distorsiones que presentan en los precios relativos.
La mejoría del sector
externo desde los primeros meses de 1989 redundó en una menor presión sobre la tasa de cambio, retrasándose
significativamente la cotización del dólar
paralelo frente a la inflación interna.
El efecto de moderación de las presiones
inflacionarias que deriva de esta
evolución fue reforzado por una política de limitación de los reajustes
de los precios de las empresas públicas, acumulándose un retraso que tiende a profundizar
el desequilibrio del sector público.
Pero no se trata solamente de una acentuación de su
desequilibrio financiero de corto plazo. Más bien, se han acumulado desde 1985
las consecuencias negativas de una política de permanente subsidio de las
empresas públicas al resto de la economía,
que ha limitado severamente sus
planes de inversión y deteriorado la eficiencia y productividad de sus
operaciones.
De esta manera, la recesión generada y la disminución
del poder adquisitivo de la población han desembocado en un saneamiento
temporal y parcial de la situación coyuntural, sin sentar las bases de una
nueva estrategia de desarrollo a mediano plazo, que pueda brindar una perspectiva
más coherente a los diversos agentes económicos y apoyar sus esfuerzos de
reconversión e inversión.
Probablemente la adopción más temprana de una política
de estabilización más coherente hubiera podido moderar los costos del ajuste y
sentar más rápidamente las bases de la
recuperación. La orientación populista de la política económica ha generado resultados
muy desfavorables, profundizando la recesión, agravando la inflación y
dificultando una recuperación del dinamismo productivo, ya que los niveles de
inversión registrados desde 1985 han sido reducidos, se ha generado un
deterioro estructural en la eficiencia y productividad del sector público y se
han acumulado amplias reivindicaciones redistributivas.[1]
Por último, queda reflejar el nivel pobreza,
que como se ha ido viendo se acrecentó a causa de la disminución del poder
adquisitivo, de la bajada de salarios y de la disminución de gastos sociales.
Esto a su vez propició el aumento de las desigualdades sociales. La indignación
popular podría verse, no solo en el aumento del mercado negro, sino en la
aparición de grupos terroristas como Sendero Luminoso.[2]
SI QUIERES SEGUIR LEYENDO SOBRE LA HISTORIA DE PERÚ PINCHA AQUÍ BIBLIOGRAFÍA
Ø
PORTOCARMELO, M.Felipe: La economía peruana en los años 80.
Convenio SGB-GTZ; Universidad de San Marcos
Ø
CONTRERAS, Carlos et all.: “La economía
peruana entre la Gran Depresión y el reformismo militar” en: Compendio de historia económica del Perú,
Tomo V, Perú, 2014
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